Crónicas
LA SITUACIÓN EN EL PAMI REGIONAL / Jorge Cadús
LA SUSPENSIÓN DE MILVA SÁNCHEZ Y EL AJUSTE
La noticia se dio a conocer el último lunes 3 de julio, aunque es una decisión tomada y certificada el 30 de junio último: el director ejecutivo del PAMI, Sergio Casinotti, decidió la intervención de la Unidad de Gestión Nº 9 de PAMI, con sede en Rosario y amplia jurisdicción en el sur santafesino. Al mismo tiempo, determinó la suspensión por 30 días de la directora ejecutiva de esa Unidad, Milva Sánchez, en el marco del proceso de auditorías que se detectaron irregularidades en esa Unidad. La suspensión de Sánchez tiene como marco particular una furiosa interna política entre sectores ligados –apenas- por conveniencias electorales ya frustradas y reparto de cargos por favores prestados. Pero en términos generales, se concreta en un tiempo de ajuste temerario sobre los derechos de los adultos mayores.
VUELO BREVE
El 29 de diciembre de 2015, el Director Ejecutivo del Instituto Nacional de Servicios Sociales para Jubilados y Pensionados, Dr. Carlos J. Regazzoni, firmó la resolución N° 0017 donde designó las nuevas autoridades del PAMI en todo el país. En la Unidad de Gestión Local IX, con asiento en la ciudad de Rosario, fue nombrada entonces María Milva del Rosario Sánchez, como Directora Ejecutiva Local, en reemplazo de Iris Caparrós.
María Milva Sánchez es abogada, especializada en Derecho Administrativo Económico. Su madre, Elisa Domínguez Harfuch, fue una estrecha colaborada del Arzobispo de Corrientes (1935-1972), Francisco Vicentin y de monseñor Ramón Roubineau, dos de los representantes más conservadores de la jerarquía eclesiástica argentina. Junto a ellos fundó el Colegio Santa María del Camino de la Capital Federal y el Colegio Del Sagrado Corazón y Jardín de Infantes El Patito Feo; y en 1975 creó también de la mano de la Iglesia el Instituto Monseñor Roubineau, en la capital correntina.
Con esa fuerte formación católica sobre sus espaldas, María Milva Sánchez supo transitar los claustros de la Universidad Nacional de Rosario y de la Pontificia Universidad Católica Santa María de los Buenos Aires. En su currículum destaca que es profesora adjunta ad honorem de Derecho Administrativo en la UNR desde el año 2003 a la fecha; coordinadora del Instituto de Derecho Administrativo del Colegio de Abogados de Rosario y de la delegación San Lorenzo; ejecutora externa de la Empresa Provincial de la Energía de Santa Fe (EPE) desde 1997 y ejerce la profesión liberal en estudio jurídico desde 1995 a la fecha.
Varias causas resonantes la ubicaron compartiendo el ejercicio de la profesión junto a los conocidos -y cuestionados- abogados Iván Cullen y Nicolás Mayoraz, fundador de la Red Federal de Familias y excandidato a concejal rosarino por el partido Pro Vida en el año 2011.
De acuerdo a los dichos de trabajadores de la delegación Rosario de Pami, la gestión ingresó sin medias tintas, "pidiendo listado de personal y cuánto gana cada uno", como reveló una fuente de la sede zonal del organismo; al tiempo que se corrieron a tres funcionarios políticos. Una semana después, el 8 de enero, el Memorando N° 04 del organismo comunicó que desde el 11 al 22 de enero quedaba a cargo de la firma del Despacho de la Unidad de Gestión Local IX, la doctora Patricia Atruejo y "ad referéndum" de Nivel Central, porque la titular -María Milva Sánchez- se tomaría unos días de vacaciones aún sin tener 15 días en funciones.
El último 3 de julio, un escueto comunicado oficial señaló que "en el marco del proceso de auditorías que se realizan periódicamente tanto en prestadores médicos como en oficinas del instituto en todo el país, se detectaron en la UGL Rosario ciertas irregularidades que motivaron la puesta en marcha de una investigación interna. Por ese motivo, la Dirección Ejecutiva del Instituto dispuso la intervención inmediata de la UGL Rosario por el término de dos semanas, período en el cual se desarrollará la investigación administrativa que ya está en curso".
En rigor, mediante la Resolución Nº 621 del 30 de junio, la Dirección Ejecutiva decidió suspender en sus funciones a Milva Sánchez, ante "una situación de excepcional desvío, desidia y desorden administrativo y prestacional que imponen la necesidad de adoptar medidas de intervención urgentes con el fin de restablecer la organización, normatividad y regularidad de su funcionamiento". En su breve y cuestionada gestión en el organismo federal, el propio Mayoraz fue uno de los asesores contratados, relación que la Dirección Ejecutiva decidió terminar abruptamente el mismo 30 de junio, mediante la Resolución Nº 622.
LA LETRA DE LA RESOLUCIÓN
Las irregularidades en la gestión de Milva Sánchez constan en el "Informe de Avance del Proyecto programado de auditoría n° 24 Unidad de Gestión Local (UGL) IX - Rosario"; producto de la auditoría realizada desde el 5 al 9 de junio de 2017; y en el Informe de Avance con comentarios y observaciones preliminares del 23 de junio del corriente año.
Allí se detalla que "que existe un llamativo número de derivaciones de una agencia a un prestador alternativo, cuando en dicha localidad se cuenta con cobertura a través de la modalidad de cápita oftalmológica (oftalmología compleja, consultas y prácticas, y prácticas quirúrgicas) que no se encuentra debidamente auditada"; "la existencia de procedimientos de compra sin el cumplimiento general de los circuitos administrativos básicos, como confección de expedientes o trámites no ajustados a la normativa vigente para prótesis e internación domiciliaria, entre otros"; "una vez recibida y emitida la OP es archivada impidiendo el seguimiento y control de la prestación"; "OP confeccionadas con posterioridad a la fecha de realización de la consulta o práctica"; "errores en la emisión de los Actos Dispositivos que autorizan el pago, sin indicar el prestador beneficiario, el importe, el período facturado y sin salvar las correcciones"; "documentos respaldatorios como facturas que carecen de detalle de conceptos facturados"; y " pagos por compras de Insumos Médicos sin las órdenes de compra".
En el ítem "Análisis de expedientes de adquisición de insumos médicos" se puntualiza que "los catalogados como "Urgencia médica" incluidos en la muestra no se adecuan al procedimiento previsto en la normativa institucional en la materia, la compra de dichos insumos tramita en su totalidad en la Coordinación Médica de la UGL sin que intervenga en tal proceso el área Responsable Cadena de Suministros hasta la emisión de la Orden de Compra respectiva, no obran constancias en los expedientes relevados del Pliego de Bases de Condiciones Particulares, fecha y acta de apertura de ofertas, cuadro comparativo de ofertas e informes técnicos previo a la adjudicación, vulnerando los términos de los procedimientos estipulados en la materia y los puntos de control establecidos al efecto".
En forma paralela, el ítem referido a la "Información cargada en el Subsistema "Insumos Médicos –Vías de excepción", evidencia "la falta de actualización de dicha información y la consecuente inconsistencia entre los expedientes físicos y los datos consignados en el mencionado subsistema, dado que la tramitación efectivamente realizada no se condice con el procedimiento previsto".
De esa forma, la autoridad entiende que "el tipo organizacional descripto resulta un típico ejemplo de desconcentración administrativa mediante el cual se atribuyeron a las distintas unidades de gestión local ciertas funciones y competencias en tanto órganos inferiores a la Dirección Ejecutiva en cuya cabeza se concentra el gobierno y administración del Instituto".
"Del somero análisis de las constataciones incluidas en el Informe de Avance antes reseñado se puede concluir que en la Unidad de Gestión Local IX se configura una situación de excepcional desvío, desidia y desorden administrativo y prestacional que imponen la necesidad de adoptar medidas de intervención urgentes con el fin de restablecer la organización, normatividad y regularidad de su funcionamiento y que -al mismo tiempo- permita dar adecuada protección a los derechos de los beneficiarios del Instituto y al patrimonio de la entidad", dice crudamente la resolución Nº 0621.
Y aclara que ante ese panorama, "se considera necesario y conveniente la intervención de la unidad de gestión local con el fin de corregir una situación anormal de difícil resolución mediante el empleo de los medios ordinarios y propios del poder jerárquico que corresponde ejercer a la Dirección Ejecutiva del Instituto"; al tiempo que determina "la apertura de un sumario administrativo con el fin de investigar la posible comisión de irregularidades y/o desvíos administrativos y funcionales y deslindar las responsabilidades que correspondan"; y resulta "conveniente disponer la suspensión preventiva del Director Ejecutivo y Coordinador Ejecutivo de la Unidad de Gestión Local durante el plazo de treinta días hábiles, prorrogables por periodos similares mientras dure la investigación de los hechos que motivan el sumario".
Por todas estas cuestiones, el Director Ejecutivo del Órgano Ejecutivo de Gobierno del INSSPJP resuelve "disponer -por el plazo de 15 días a partir del dictado de la presente- la intervención administrativa de la Unidad de Gestión Local IX – Rosario", asignando las funciones de Interventor al agente Diego Norberto Villalvilla; "disponer la apertura de un sumario administrativo con el fin de investigar la posible comisión de irregularidades administrativas y funcionales" a los agentes María Milva del Rosario Sánchez (Directora Ejecutiva de la UGL IX – Rosario) y Carlos Alfredo Yañez (Coordinador Ejecutivo de la UGL IX) y finalmente disponer "la suspensión preventiva de los agentes María Milva del Rosario Sánchez y Carlos Alfredo Yañez por el plazo de treinta días hábiles".
NEGOCIOS SON NEGOCIOS
En reemplazo de Milva Sánchez, el Director Ejecutivo del INSSJP Sergio Casinotti nombró como nuevo interventor de la UGL -PAMI Rosario al kinesiólogo Diego Norberto Villalvilla.
El flamante funcionario no es un desconocido para Casinotti: Villalvilla es su socio en la empresa Soluciones Integrales para Empresas de Salud SA.
Como su socio Casinotti, Villalvilla asumió su cargo sin detenerse demasiado en cuestiones de ética pública o conflictos de intereses. Según consta en su acta fundacional, Soluciones Integrales para Empresas de Salud SA tiene por objeto "la administración, auditoría y gerenciamiento total o parcial de centros de salud, sanatorios, clínicas, obras sociales, aseguradora de riesgo de trabajo, servicio de medicina prepaga, centros de diagnóstico y todas las actividades conexas, ya sea en clínica médica u otras áreas de salud, traslado de pacientes de urgencia y de emergencia medicas domiciliarias, prestación de servicios médicos domiciliarios, realización de estudios y diagnósticos domiciliarios, exámenes preocupacionales, control de ausentismo, Importación, exportación, explotación, representación, promoción y publicidad de dichos servicios".
EL RECORTE
Desde el comienzo mismo de la gestión de Mauricio Macri y la Alianza Cambiemos en el gobierno nacional, el PAMI fue sujeto de negociados privados y políticas de ajuste sobre los jubilados de todo el país.
Entre otras medidas reclamadas por los propios beneficiarios, esa obra social recortó la cobertura de medicamentos, interrumpió la provisión gratuita de anteojos, eliminó programas de prevención de enfermedades recurrentes en los adultos mayores, redujo las prestaciones de trasplantes, limitó la cantidad de alimentos que entrega a los centros de jubilados, eliminó la cobertura de todo tipo de productos ortopédicos que no se entregan desde hace un año y en muchas delegaciones ya no se aceptan facturas para reintegros .
A fines de marzo, el Sindicato de Médicos de la República Argentina (Amra) anunció el corte de crédito laboral por parte de los médicos de cabecera del Pami; una medida similar tomaron los odontólogos; en febrero las ópticas suspendieron la atención a jubilados; en abril, corrieron riesgo los descuentos de medicamentos a nivel nacional; en mayo los odontólogos decidieron atender sólo urgencias; se profundizó el conflicto con los laboratorios, con farmacias sin stock y contratos rescindidos.
En mayo, las autoridades del organismo comunicaron a los prestadores que comienza a implementarse un cambio de sistema, pasando del pago por prestaciones, implementado desde 2013, al de pago per cápita, vigente en los 90 durante la gestión de Matilde Menéndez. En otras palabras: mientras en la anterior modalidad se pagaba a los prestadores por cada atención efectivamente realizada, ahora se paga un monto filo por cada afiliado, se preste o no la atención correspondiente.
En rigor, ese sistema puesto en vigencia vuelve a la vieja modalidad utilizada en los tiempos del menemismo, con el riesgo implicado de la sub-prestación: al recibir los prestadores una suma fija por cada afiliado, se preste o no la atención, clínicas y sanatorios podrían retacear las prestaciones con el objetivo de gastar menos e .incrementar el margen de ganancias, situación en la cual el principal damnificado sería el jubilado. En esta ocasión, muchos prestadores se negaron a firmar los nuevos convenios -como es el caso del Sanatorio Firmat-, y han denunciado que "esta nueva modalidad es un ajuste que derivará en peores prestaciones y menos opciones para los afiliados".
Desde la administración del organismo se explica que esa modificación en el sistema modelo de pago para clínicas y profesionales es parte de una estrategia para "contener gastos" en los servicios que contrata a prestadores privados. El objetivo declarado de la nueva administración es "achicar la inversión que el organismo venía realizando" en la cobertura médica de los jubilados: "un ajuste en los costos entre un 15 y 20% sin necesidad de modificar las prestaciones".
La nueva modalidad se aplica para el primer y segundo nivel de atención: el primer nivel comprende a médicos de cabeceras, odontólogos, estudios simples de laboratorio, radiografías, ecografías. El segundo nivel comprende especialistas en sanatorios y estudios más complejos.
SIN REMEDIOS
A principios de julio, la periodista María Fernanda de la Quintana, denunció que el PAMI "restringe la prescripción de medicamentos". De la Quintana sostuvo también que "la medida fue tomada el martes 4 de julio por las autoridades del organismo y afecta a más de 5 millones de afiliados que verán limitada la cobertura de sus remedios".
"A comienzo de año el PAMI implementó la obligatoriedad de las recetas electrónicas para todos los médicos de cabecera, quedando las de papel destinadas sólo para determinadas ocasiones en las que el médico debe justificar por qué la usa (cortes de luz). La medida buscó aumentar los controles sobre los médicos en las prescripciones que realizan, auditar cantidades y marcas. Fue éste el primer paso para poder, por medio de un software de recetas online, impedir el acto médico de prescripción", sostiene la periodista especializada en Bioética y Derechos Humanos.
Y puntualiza: "Al momento de realizar una receta electrónica los médicos se encuentran con la imposibilidad de recetar ciertos medicamentos, en los que el sistema les indica que el paciente ha superado la 'dosis anual' permitida por el instituto de servicios sociales para pensionados y jubilados. La principal aclaración que hacen los médicos es que el concepto de 'dosis anual' no existe. Sí hay una dosis diaria recomendada para cada principio activo, pero la misma jamás es calculada en un año de tratamiento en ninguna bibliografía médica. La argumentación del instituto carece de aval científico y es una simple excusa para reducir costos".
De la Quintana cuenta que "para aquel paciente que por ejemplo toma esomeprazol para la gastritis o esófago de barret a razón de 40 mg por día, al superar la dosis máxima estipulada por el instituto de 2.400 mg se le deja de cubrir la prescripción para ese medicamento. Es decir que al segundo mes queda sin cobertura del remedio. Más grave aún: no se les permite realizar ningún tipo de receta a los afiliados que han superado el tope máximo de número de recetas mensuales permitido por el PAMI, impidiendo hacer recetas de cualquier otro medicamento que necesite el paciente, ya sea por ejemplo un antihipertensivo, un antibiótico o un antiepiléptico".
"Los médicos denuncian que tales restricciones se están ejecutando en los pacientes discapacitados y con subsidios sociales que supuestamente el instituto aclaró que quedarían fuera de la medida. Los cambios se suman a los ya implementados en el recorte en la cobertura de medicamentos. De 10 remedios otorgados de forma gratuita para jubilados con haberes mínimos se pasó a 4 remedios y solo para los que cumplen con cierta condiciones como no poseer más de una propiedad, un auto de no más de diez años y no tener contratada una empresa de medicina como sostén adicional", describe con precisión.
Y afirma que "la gravedad en las que incurren las autoridades de PAMI y la Superintendencia de Servicios de salud, organismo de control de las obras sociales, atenta contra el derecho a la salud establecido en la constitución Argentina, no garantiza la continuidad de los tratamiento médicos y traslada el gasto al bolsillo del paciente liberando a la Obra Social de sus obligaciones".
DE OLVIDO SIEMPRE GRIS
Para Marcela Márquez, secretaria del Centro de Jubilados Nacionales de Máximo Paz, "la cobertura de las prestaciones a nuestros jubilados es un triángulo: los jubilados, el PAMI y los prestadores. Y lo que sucede hoy es que el PAMI se sienta y negocia sin tener en cuenta a los afiliados, a quienes tiene que defender, no analiza la realidad del afiliado; y- tampoco considera la realidad de los prestadores. Entonces, es una situación arbitraria donde las autoridades del PAMI buscan que cierren los números, cómo bajar números, que la caja les cierre mejor".
Para Márquez, las decisiones tomadas son "una vuelta a los años 90. Un giro rotundo; que implica un retroceso 20 años atrás y de un plumazo. Pero además, hay cuestiones como el retorno al sistema capitado, que al no estar implementado claramente, genera mucha incertidumbre. Y en nuestros adultos mayores crea una situación de abandono y de desprotección increíble que no sabemos cómo contener. La decisión genera una situación muy triste".
En forma paralela, la Senadora Nacional María de los Ángeles Sacnun presentó un Pedido de Informes destinado al Ministerio de Salud de la Nación y el Instituto Nacional de Servicios Sociales para Jubilados y Pensionados; para que expliquen "la situación por la que están pasando nuestros adultos mayores, nuestros jubilados, que se enmarca en un .proceso de recorte de Derechos".
El objetivo es la legisladora santafesina es que "de manera inmediata se restablezcan las prestaciones y se regularice la situación"; que sólo en la ciudad de Firmat "afecta a unos nueve mil jubilados que no reciben los servicios y las atenciones que les corresponde; a lo que se agrega el recorte insensible a cobertura por medicamentos y prestaciones específicas de algunas patologías".
"Esperamos que se llegue a una solución concreta", remarcó Sacnun, y sentenció: "El Estado debe aportar soluciones y no generar problemas, más aún tratándose del sector de nuestros adultos mayores".
VOLVER AL PRE-ESTADO
El periodista y diputado provincial Carlos Del Frade (Frente Social y Popular) puso nombre y apellido a una historia trágica que resume la situación de los afiliados al Pami: Beatriz Isasa, de 83 años. "Una afiliada al PAMI en San Lorenzo, que recorrió cinco sanatorios, en ninguno la quisieron atender y se murió. Esto te marca hasta qué punto la insensibilidad ha ganado lugar, la salud es un negocio, se ha puesto arriba del altar de la vida cotidiana al Dios Dinero. Es un hecho muy fuerte, hablamos de la octava ciudad más importante de la Provincia. Es algo que nos está pasando como sociedad", advirtió el legislador. Y sumó que "la voracidad por el lucro, que el Estado no se haga cargo, es un retroceso enorme en la Argentina, anterior inclusive a 1860 cuando se terminó de configurar el propio Estado argentino. A eso volvemos en algunas cosas, al pre-Estado".
Hacia febrero de este 2017, Del Frade presentó en la Cámara de Diputados provincial un Proyecto de Declaración por el cual "declara su preocupación por la situación que atraviesan los afiliados del PAMI" en el sur santafesino, "como consecuencia de la política nacional".
"Los servicios del PAMI para los miles de afiliados dependientes de la Unidad de Gestión Local de Rosario siguen siendo deficientes" a pesar del "fenomenal presupuesto de la obra social de los jubilados", sostenía allí; al tiempo que desnudaba "las condiciones laborales de sus empleados que también sintetizan un alto nivel de precarización".
Por esos mismos días, un documento firmado por la junta interna de ATE Rosario denunciaba que "mientras se firman contratos millonarios con empresas que no prestan el servicio que corresponde, reducen prestaciones, entorpecen los trámites administrativos al punto que se torna imposible realizarlos, persiguen al personal de planta y discriminan a los trabajadores que aún siguen en negro". En aquel escrito, el gremio consignaba: "Se persigue a los empleados que están con licencia por enfermedad, maternidad y/o accidentes de trabajo" y, en forma paralela, "nuestros abuelos que trabajaron toda su vida no pueden gozar del derecho a la salud que les corresponde, mientras se les niega la atención en los sanatorios contratados por el PAMI".
ATE Rosario remarcaba ya entonces que "sólo 2 de cada 15 abuelos recibe medicamentos gratis, a los 13 restantes se les niega con argumentos poco creíbles. La cobertura en emergencia es inexistente, además de la falta de respuesta en los trámites por prótesis, subsidios y medicamentos que pone en peligro permanentemente la vida de los mismos"; y expresaba: "por un lado existen demoras de más de un año en la entrega de sillas de rueda y camas ortopédicas y, por el otro, hay un depósito lleno de las mismas y no se reparten".
**//**
Jorge Cadús: Es periodista. Es redactor y editor del periódico El Prensa; y columnista de varias páginas web de noticias. Forma parte del grupo fundador del Proyecto de Comunicación Alapalabra, de Madres de Plaza 25 de Mayo de Rosario. Es autor de "Postales de un desierto verde" (Tropiya ediciones, 2004); "Un tiempo ayer ceniza. Historias de la dictadura en el sur de la provincia de Santa Fe" (EMR, 2006) junto a Facundo Toscanini; "Combatiendo al capital. 1973-1976. Rucci, sindicatos y Triple A en el sur santafesino" (EMR, 2009), en colaboración con Ariel Palacios; "La Transa. Crónicas del narcotráfico" (Grupo Editor Postales, 2015); "Los días que vivimos en peligro. La destrucción del trabajo en la región 2015/2018)" (La Chispa, 2018) y "Alcorta: La ciudad invisible" (Grupo Editor Postales, 2019). Obtuvo dos veces el Premio Ciudad de Rosario por estos trabajos. En TV fue director periodístico de "Audiencia Debida. Crónicas del sur"(2000/2002); "Estación Sur. En los rieles de la Patria" (2010/2011) y "Tercer Tiempo. El relato salvaje" (2013/2015); todos en la señal Cablevisión Alcorta / Sacks Paz Televisora. Por esos programas obtuvo los premios ATVC 2001 y ASTC 2003 como mejor programa periodístico; y el Premio Juana Manso 2011 por su abordaje de las problemáticas de género. Desde el año 2006 a la fecha ha dictado en numerosas escuelas de la zona charlas y talleres abiertos sobre el terrorismo de Estado en la región. En el 2011 fue distinguido con el Premio Regino Maders por su trayectoria periodística y su compromiso militante.